Así informó ayer Amnistía Internacional (AI) a través de un comunicado en el que se señala que “las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos durante los desalojos de 12 comunidades campesinas q’eqchi de las tierras en disputa del valle del Polochic, al noreste del país”.
La organización también denunció que Antonio Beb Ac, trabajador agrícola, murió “durante los desalojos y dos personas padecieron presuntamente complicaciones de salud provocadas por los gases lacrimógenos.”
Además AI alertó sobre la posibilidad de que otras dos comunidades, san Miguelito y Campanas, compuestas por unas 300 personas, corran la misma suerte.
“Hasta el momento, los desalojos en el valle del Polochic se han llevado a cabo sin la consulta, el aviso ni el ofrecimiento de alojamiento alternativo adecuados y se les debe poner fin de inmediato” declaró Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de AI.
Las personas desalojadas han quedado sin medios de vida, “sin techo, sin alimentos ni agua, son vulnerables a sufrir nuevos abusos” señala el comunicado.
El desalojo se produjo por una orden del juez que dictó el desalojo de 14 comunidades, a raíz de un litigio por la propiedad de las tierras entre una empresa local y la población q’eqchi, que vive y cultiva en esas tierras desde hace 30 años.
El 14 de marzo los miembros de las comunidades y las autoridades se reunieron para buscar una soluciçon. Sin embargo, al día siguiente, la policía y el ejército comenzaron los desalojos forzosos, “sin aviso ni advertencia previa”.
Las fincas Miralvalle y Agua Caliente fueron desalojadas ese día, y el 16 de marzo, la finca Quinich “quedó arrasada”. El 17 y el 18 de marzo se desalojaron 9 comunidades más, entre las cuales, según AI, dos fueron desalojadas por error.
La Oficina de la Presidencia de Guatemala emitió el 17 de marzo un comunicado en el que se manifestaba que los desalojos se ejecutarían de inmediato, aunque no precisó si es que se haría respetando el derecho internacional, señaló AI.
AI consideró que las autoridades de Guatemala “deben garantizar que se protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas más vulnerables”.
Asimismo exigió a las autoridades que garanticen una investigación sobre la muerte de Antonio Beb Ac “imparcial y exhaustiva”, asimismo que los resultados se hagan públicos y que se ponga a los responsables a disposición judicial.
Tomado de www.servindi.org
