Nueva York, 15 de septiembre de 2010

Ing. Álvaro Colom
Presidente de la República de Guatemala
Dr. Rafael Espada
Vicepresidente de la República de Guatemala

cc. Congreso de la República
Corte Suprema de Justicia
Corte de Constitucionalidad
Consejo Superior Universitario
Universitarios Interesados


Distinguidos Srs. Presidente y Vicepresidente:

No deja de ser simbólico que me dirija a Ustedes en el Día de la Independencia Nacional, precisamente después de que el Sr. Presidente, en mensaje enviado a los migrantes, hiciera un llamamiento a la unidad nacional para insistir en lograr el TPS para los guatemaltecos indocumentados en los Estados Unidos. Me dirijo a Ustedes, sin embargo, no para referirme al tema de los migrantes guatemaltecos ni en su estricta condición de Presidente y Vicepresidente, sino para pedir su inmediata contribución positiva para iniciar la solución de la crisis de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Me dirijo al Ing. Álvaro Colom, graduado de la Facultad de Ingeniería y ex alumno mío en la misma, y al Dr. Rafael Espada, graduado de la Facultad de Medicina, para que contribuyan a que la crisis no se profundice y se encuentre una solución dialogada y negociada a la misma. La esencia del movimiento estudiantil de los Estudiantes por la Autonomía (EPA) es justamente, pese a su satanización por parte de la prensa y los sectores reaccionarios de nuestro país, llevar a la práctica lo que todos los profesionales nos comprometimos a hacer con el juramento de nuestra graduación: defender la autonomía universitaria de la USAC.

Algunos sectores enquistados en la universidad, que no han asumido los valores esenciales de ésta ni los criterios de gobierno democrático, pretenden ahora recurrir a los tribunales de justicia para lograr el desalojo violento de los estudiantes que han ocupado las instalaciones universitarias como medida de presión para llegar a acuerdos honorables y justos con el Consejo Superior Universitario (CSU). Esto nos hace recordar la manipulación de las fuerzas de seguridad como instrumento de represión que llevó a la masacre de la Embajada de España en enero de 1980. La práctica del “uso de la ley” y la acción de las fuerzas policiales y del ejército para el desalojo violento de personas que han agotado todas las vías para reclamar sus derechos han venido agobiando a los campesinos, trabajadores y pobladores de nuestro país a lo largo de la historia, incluidos hechos lamentables aun bajo su gobierno; pero extender la práctica al sector universitario puede conducir a una crisis que rebalse los linderos universitarios para volcarse hacia el pleno de la sociedad. Tienen Ustedes entre manos una posible bomba de tiempo, más poderosa que la autoinmolación del Lic. Rodrigo Rosenberg en mayo de 2009.

Por ello, los insto a actuar. En primer lugar, deben manifestar su rechazo a la violencia y evitar que las fuerzas de seguridad se vean envueltas en un desalojo violento. En segundo lugar, sin interferir en las potestades de los otros Poderes del Estado ni permitir la violación de la autonomía universitaria, la Presidencia y Vicepresidencia, con el auxilio del Reconciliador Nacional, Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, deben mediar ante los actores en la crisis, que incluyen al Consejo Superior Universitario y EPA, en la parte universitaria, y al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, entre las instituciones del Estado, para encontrar la salida apropiada a la crisis.

A mi juicio, la Corte Suprema de Justicia debiera instruir a todos los tribunales para no decretar acciones de desalojo en tanto se realice un diálogo constructivo y efectivo, debidamente mediado. La Corte de Constitucionalidad, que generó el problema con un dictamen contrario a la Constitución y al derecho, incluidos los derechos humanos, y que esperó más de dos años para aducir desacato del CSU a sus orientaciones, puede, como mínimo, hacer una de dos cosas: dejar sin efecto su dictamen y reabrir la discusión del tema o alargar el período para la ejecución del desacato, para permitir que la USAC, en ejercicio de su autonomía, decida un nuevo proceso de elección de autoridades, y, en uso de su privilegio de tener iniciativa de ley, presente su propuesta al Congreso de la República. Al Congreso de la República le corresponderá aprobar, como asunto de urgencia nacional, la modificación propuesta por la USAC a su Ley Orgánica. Solamente entonces se podrá convocar a elecciones de autoridades universitarias dentro del marco constitucional y jurídico del país.

Les propongo esta solución, en apego a la propuesta de Ustedes dos, Ing. Colom y Dr. Espada, reiterada cientos de veces durante su campaña electoral, de que los problemas del país se resuelven “con inteligencia y no con violencia”. Lograr la desactivación de esta crisis y, de esa manera, abrir el camino para la necesaria reforma universitaria, los caracterizará como verdaderos hombres de Estado y, más importante, los reconocerá como dignos egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Nacional y Autónoma.

Atentamente,

Ing. Raúl Molina Mejía
Rector en funciones de la USAC en 1980
Decano de la Facultad de Ingeniería de la USAC, de 1976 a 1980
Defensor de los Derechos Humanos y Promotor de la Paz
Secretario de Relaciones Internacionales de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)