31 de enero, Masacre en la embajada de España en Guatemala

En los últimos días de enero de 1980, un grupo de pobladores del departamento del Quiché, al noroccidente de Guatemala, había llegado a la Ciudad Capital para denunciar la brutal represión que el Estado ejercía sobre sus comunidades, las masacres cometidas por el ejército de las cuales eran víctimas, la miseria, desigualdad, discriminación y explotación que padecían desde los últimos cinco siglos.
Los problemas que enfrentaban en el Quiché no eran un hecho aislado, era parte de una estrategia del Estado de Guatemala por acabar a costa de sangre y fuego con la organización del pueblo, que demandaba mejor calidad de vida. Por esos años se vivía una época de violencia similar a la que vivimos actualmente los guatemaltecos y guatemaltecas: muertes brutales, corrupción, pobreza, entega de los recursos naturales y el territorio a compañías transnacionales, explotación, racismo, discriminación y un largo etcétera. Al mismo tiempo, y debido a las pésimas condiciones de vida, el pueblo tomaba más conciencia sobre su papel en la transformación de la sociedad, las organizaciones campesinas, obreras, juveniles, religiosas y demás expresiones populares tomaban un papel cada vez más protagónico en respuesta a la represión que el propio Estado ejercía sobre las personas.

Las y los campesinos del Quiché encontraron apoyo y solidaridad en grupos sindicales, estudiantes universitarios y religiosos, quienes les acompañaron durante varias jornadas buscando espacios de denuncia, visitaron medios de comunicación sin lograr cobertura (como si la miseria de la población y la represión no hubiesen sido noticia de importancia), realizaron mítines, intentaron denunciar públicamente la violencia que sufrían las comunidades más alejadas del país, sin embargo todos los espacios les fueron cerrados. Ante la imposibilidad de ser escuchados y ante las amenazas de muerte recibidas por parte de las fuerzas de seguridad, decidieron tomar pacíficamente la Embajada de España en Guatemala, para denunciar a nivel nacional y mundial, no sólo la miseria en que estaba (y sigue estando) sumido el pueblo de Guatemala, la exclusión que caracteriza a este Estado desde su fundación, sino la falta de espacios democráticos y de denuncia.
El 31 de enero de 1980, al final de la mañana fue tomada la sede diplomática española, la atención del mundo se centró en Guatemala, por fin los medios de comunicación publicaron y emitieron noticias de lo que sucedía y el Estado debía responder a las demandas. La respuesta del Gobierno fue categórica: miembros de las fuerzas de seguridad violaron el territorio de la Embajada y la quemaron, con todas las personas en su interior. Sobrevivieron al fuego el embajador español Máximo Cajal, el abogado guatemalteco Mario Godoy, quien se encontraba reunido con el embajador, y Gregorio Yujá, uno de los campesinos, quien fue secuestrado del Hospital el mismo día de la masacre, torturado y ejecutado extrajudicialmente. Su cuerpo apareció la mañana del 1 de febrero tirado en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En esa masacre murieron decenas personas, entre campesinos, obreros, estudiantes, jóvenes religiosos, además de ciudadanos españoles que laboraban el la embajada. Esa cifra solo es una muestra de lo que sigue viviendo Guatemala. Los autores intelectuales y materiales de la masacre de la Embajada de España siguen libres, varios aún en las esferas represivas y políticas del Estado, lo que implica un riesgo para la humanidad.

En la memoria del pueblo aún están los gritos de dolor, gritos de resistencia, gritos de orgullo y de amor por las nuevas generaciones, por el respeto a los derechos humanos, por una vida digna. La muerte de nuestros compañeros y compañeras sólo sirvió para reafirmar el compromiso del pueblo en la lucha por la vida. Hoy, 31 de enero de 2011, 31 años después de la masacre esa llama sigue encendida, y esa la luz que guía al pueblo guatemalteco en la búsqueda de justicia no se apagará jamás.